"Los regímenes represivos como el actual sólo negocian si sienten que la presión de la gente amenaza su estabilidad y continuidad. De otra manera, se muestran absolutamente indiferentes...".
A estas alturas del sexenio ya nadie puede dudar del talante represivo del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto. Por supuesto, los defensores de oficio esparcidos en gran parte de los medios masivos de comunicación podrán seguir tratando de tergiversar los hechos, pero la verdad salta a la vista. Desde el primer día de su gobierno, Peña Nieto exhibió la forma en la que serían tratados los opositores a su gestión y a sus políticas: con la ley del garrote. Como complemento de esta actitud autoritaria, sobresale la docilidad con la que se ha sometido a los mandatos de los poderes económicos cada que éstos se muestran mínimamente descontentos con cualquier decisión tomada por alguna de las instituciones del Estado. Hacia los primeros, arrogancia y represión; hacia los segundos, sumisión y obediencia.
Esto no debió sorprender nunca a los que siguieron de cerca su gestión en la época en la que fue gobernador del Estado de México. Dos símbolos ignominiosos resumen su paso por esa gubernatura: la represión brutal contra los pobladores de San Salvador Atenco el 4 de mayo de 2006 y el caso Paulette, resuelto de la manera más inverosímil por la procuraduría estatal. El primer suceso terminó trágicamente con la intervención coordinada de las policías estatal y federal, dejando el saldo de dos muertos (Javier Cortés, de 14 años, y Alexis Benhumea, de 20) y múltiples denuncias de violaciones a mujeres, torturas a pobladores, allanamientos de morada y detenciones arbitrarias. El segundo caso, por su lado, no fue más que la expresión de la subordinación de las instituciones de procuración de justicia a los poderes económicos y de la “normal” impunidad a la que estamos acostumbrados en el país.
Para quien el 1° de diciembre de 2012 tenía todavía dudas sobre el perfil del nuevo presidente de la República Mexicana, la violenta represión de las manifestaciones en contra de su toma de posesión debió dejar las cosas en claro. Quien había llegado para ocupar el máximo cargo de representación popular del país estaba dispuesto a todo para mantenerse en el poder e imponer su proyecto político y económico sin tener la menor intención de escuchar las quejas y los reclamos de los opositores o de la población afectada. Y así comenzó su gobierno.
Durante los dos primeros años de su mandato, el ejecutivo se dedicó únicamente a sacar adelante, con el apoyo del PRI, PAN y PRD, aliados en el tristemente célebre “Pacto por México”, las mal llamadas “reformas estructurales” (en realidad, “contrarreformas neoliberales”), que no eran otra cosa que la continuación de las mismas políticas económicas y los mismos proyectos (anti)sociales de los últimos treinta años, los cuales han arruinado la economía real del país (el campo, la industria, el empleo, etc.) y han propiciado una descomposición absoluta en todos los sectores de la vida nacional.
Sin realizar el más mínimo balance sobre las causas de la crisis educativa del país, la cual coincide directamente con el ascenso de los gobiernos neoliberales desde los años ochenta, el gobierno decidió culpar a los maestros del atraso en la educación y obligarlos a un examen de evaluación de carácter punitivo. Esta reforma fue aprobada en febrero de 2013 por el Poder Legislativo de la Federación sin atender las propuestas alternativas de los maestros de la CNTE que se manifestaban en contra de ella (los cuales, por cierto, nunca se han opuesto a ser evaluados, sino a aceptar un mecanismo represivo como medio para definir su situación laboral).
Por su parte, la reforma energética, aprobada por el Senado de la República 10 meses más tarde, terminó abriendo la posibilidad de la inversión privada en el sector petrolero, acabando así, de un plumazo, con más de siete décadas de defensa de la soberanía energética del país vinculada al proyecto de un crecimiento y desarrollo económico independiente.
Todo parecía marchar sobre ruedas, y el gobierno, los partidos políticos que formaron parte del “Pacto por México” y sus cómplices en los medios de comunicación festejaban el rumbo del país, de su democracia y de su economía. Pero una por una, estas mentiras se cayeron de repente y la falacia del progreso, la democracia y la justicia mostró tener la solidez de un castillo de naipes.
Lo más probable es que fuera la arrogancia derivada de la aprobación de las contrarreformas, así como el festejo indecente de parte de sus voceros, lo que llevó a actuar al Estado y a sus cuerpos represivos como lo hicieron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.
¿Cómo explicar la actuación y coordinación de las policías estatal, federal y, muy probablemente, del propio ejército, contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa a los que se reprimió y desapareció? Por supuesto, se ha mencionado en muchas ocasiones la existencia de un quinto autobús que transportaba drogas o ganancias de drogas hacia Estados Unidos y que, de haber sido tomado por los estudiantes, habría perjudicado a grupos de narcotraficantes protegidos por esas fuerzas. Pero, más allá de ese punto importante, cabe reflexionar sobre la forma en la que dichas instituciones, ya fuera por acción u omisión, procedieron contra estudiantes que no hicieron nada fuera de lo acostumbrado en esas fechas (se preparaba la marcha del 2 de octubre) sabiendo que eran estudiantes y no narcotraficantes. Sólo la prepotencia política del momento, conjugada con la protección otorgada a bandas criminales, puede explicar esa represión desproporcionada.
Ahora bien, como resultado de estos eventos represivos se abrió por primera vez la vía del diálogo. En realidad, el diálogo no se dio como resultado de los atroces acontecimientos, sino de la protesta derivada de ellos. A pesar de que la sociedad mexicana tardó bastante en responder a lo sucedido en Iguala (la primera manifestación masiva en Chilpancingo se realizó apenas el 2 de octubre y en Ciudad de México, el 8 de ese mismo mes), las primeras reacciones de los pobladores de Guerrero (la protesta frente al Congreso estatal el 29 de septiembre) dejaron en claro lo que habría de ocurrir en los días y meses siguientes.
Por mera coincidencia, estos sucesos se dieron a la par del conflicto estudiantil que había estallado en el Instituto Politécnico Nacional más de una semana antes, el 17 de septiembre. Los estudiantes exigían la cancelación total de un nuevo reglamento interno que, según ellos, avanzaba en el proceso de tecnificación de la educación superior, así como la destitución de la directora general Yoloxóchitl Bustamante Díez. En un acto inédito, el 30 de septiembre, durante una manifestación frente a la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong subió al templete donde se manifestaban los estudiantes y recibió directamente su pliego petitorio, prometiendo además una respuesta puntual a dicho pliego, lo cual sucedió unos días más tarde, el 3 de octubre. Comenzó así un diálogo, primero con la Secretaría de Gobernación, luego con la de Educación Pública, que concluyó pacíficamente con la firma de acuerdos el 5 de diciembre de 2014.
Por supuesto, este diálogo inusual con los estudiantes del Politécnico no se hubiera dado jamás si no hubiera existido el temor real de que dicho movimiento se aliara con las protestas crecientes, a nivel nacional, por lo ocurrido en Iguala. Estas mismas protestas obligaron también al gobierno federal, sumido en un descontrol total (potenciado por las revelaciones de Carmen Aristegui sobre La casa blanca), a acercarse a los padres de los desaparecidos y entablar un diálogo con ellos.
Al final, el diálogo con los familiares de los desaparecidos se convirtió en una charada que sólo tenía un único objetivo por parte del gobierno: diluir las protestas masivas mientras se construía una mentira histórica que dejara impunes a los verdaderos responsables de aquellos actos.
Con el paso del tiempo y la práctica expulsión de los miembros del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el gobierno de Peña Nieto regresó a la misma actitud arrogante, intolerante y represiva de origen. Cuando a comienzos de 2016 empezó a crecer la protesta magisterial contra la “reforma educativa”, el gobierno no hesitó ningún momento en desconocer las causas de las protestas y amenazar con despedir a los profesores que participaran en ellas y que no asistieran por segunda ocasión a las evaluaciones de desempeño (lo que efectivamente se hizo el 1° de marzo de 2016, al despedir a 3 mil 360 maestros). En esta ocasión, fue Aurelio Nuño, Secretario de Educación Pública, el rostro de la represión, la cerrazón y la intolerancia del sexenio. Para Aurelio Nuño no había (y no hay) nada que negociar: la “reforma educativa” era intocable y no estaba a discusión.
Y, entonces, el 19 de junio, ocurrió la masacre de Nochixtlán, Oaxaca. Esta vez no sucedió como en septiembre de 2014 durante la noche de Iguala: las cámaras grabaron a miembros de la Policía Federal disparando contra los manifestantes que bloqueaban una carretera. Las cifras variaron entre 8 y 11 muertos y 108 heridos. Los medios de comunicación oficiales comenzaron a difundir la versión de que el ataque armado había empezaron del lado de los maestros, pero no lograron más que construir un escenario muy parecido al del “Halconazo” del 10 de junio de 1971, perpetrado por el gobierno de Luis Echeverría. Para todos fue claro que el gobierno había atacado con la finalidad de herir y asesinar a los manifestantes.
Ante la perspectiva de una protesta generalizada a nivel nacional, dos días después de lo ocurrido en Nochixtlán la Secretaría de Gobernación hizo lo que hasta el momento se había negado a realizar Aurelio Nuño: convocar a una mesa de diálogo con la CNTE. No obstante, a pesar de haberse iniciado las negociaciones, la falta de un repudio masivo y organizado de la sociedad ante lo ocurrido en Nochixtlán (a diferencia del apoyo retardado, pero decidido de la ciudadanía después de las desapariciones de Iguala), ha hecho que los diálogos se empantanen y parezcan no conducir a ningún lado.
Los regímenes represivos como el actual sólo negocian si sienten que la presión de la gente amenaza su estabilidad y continuidad. De otra manera, se muestran absolutamente indiferentes. Este desprecio por el diálogo y por las vidas humanas de los que protestan contrasta de manera radical con la sumisión y obediencia que el actual gobierno manifiesta ante los empresarios y los poderes económicos del país. Bastó una ridícula protesta de la Coparmex en el Ángel de la Independencia contra la “ley anticorrupción” tal como la habían aprobado los senadores (la cual exigía que los empresarios presentaran también sus declaraciones patrimoniales y de intereses), para que el presidente decidiera vetarla y modificarla de inmediato. No hubo ni siquiera necesidad de diálogo: la palabra de los empresarios es una orden insoslayable para el presidente Enrique Peña Nieto.
Siguiendo fielmente la definición de Vicente Fox sobre la democracia, el actual es un gobierno “de empresarios, por empresarios y para empresarios”. No hay que esperar de él más que una actitud represiva para los que protestan por sus políticas antipopulares y regresivas. Sólo una oposición decidida y masiva puede hacerlo recular y negociar. El pueblo de México no debe tolerar ni aceptar nunca masacres como la de Nochixtlán.
Carlos Herrera de la Fuente (México, D. F., 1978) es un filósofo, poeta y ensayista mexicano. En el año 2012 obtuvo el grado de doctor en filosofía por la Universidad de Heidelberg, Alemania. Ha publicado dos poemarios (Vislumbres de un sueño, 2011 y Presencia en fuga, 2013) y un ensayo de filosofía (Ser y donación. Recuperación y crítica del pensamiento de Martin Heidegger, 2015). Ha colaborado en las secciones culturales de distintos periódicos y revistas nacionales: El Financiero, De largo aliento, El Presente de Querétaro, etc. Actualmente escribe la columna Excursos en el periódico cultural La Digna Metáfora, donde aborda temas relacionados con la estética y la literatura.
