CORRUPCIÓN #EPN INVESTIGACIÓN SOBRE COMPRA DE CASAS A CONTRATISTAS, UNA “BOFETADA A LA POBLACIÓN”

“No entienden que no entienden”, comentó Sergio Aguayo. “¿Quién en México conociendo la historia de la Presidencia, va a aceptar que el presidente no influye en la manera en que el gobierno asigna contratos?”, preguntó Meyer.

Periodismo en resistencia

Denise Dresser

Historias del país del absurdo. Historias del país de la contradicción. México hoy, donde la libertad de expresión y prensa habitan en la simulación de leyes que dicen defenderlas. Donde para los periodistas las palabras más comunes son miedo, silencio, muerte, censura, o una nuevo eufemismo: despido por "abuso de confianza". Una realidad descrita en el reporte anual de la organización Artículo 19, sobre la violencia cometida contra periodistas en México. Y el título lo dice todo: "Estado de censura". Estado de indefensión para defensores de derechos humanos, blogueros, tuiteros, dirigentes sociales y estudiantiles que viven en la aprensión permanente. Porque alzar la voz para denunciar, disentir, criticar, conlleva un alto riesgo.

El nombre del texto no es fortuito. Invita a sus lectores a jugar con las palabras. Estado como gobierno que censura, o bien el estado como clima que lleva a los comunicadores a alinearse, autocensurarse, mimetizar el discurso oficial. Estado de miedo de que la reprimenda puede llegar en cualquier momento. Y el miedo crece día con día ya que durante 2014 se documentaron 326 agresiones contra los medios, sólo cuatro menos que el año anterior. Durante los primeros dos años de Enrique Peña Nieto diez periodistas han sido asesinados. Durante el gobierno de Felipe Calderón se agredía a un periodista cada 48.1 horas; en lo que va del sexenio de Peña Nieto la agresión ocurre cada 26.7 horas. En el Distrito Federal. En Quintana Roo. En Veracruz. En Guerrero. Las entidades más peligrosas para decirle al poder lo que no quiere oír.

El Internet -santuario para muchos medios- también se ha vuelto un lugar común para los ataques, las amenazas, el hostigamiento. Un lugar en el cual los contenidos son falsificados y los portales son atacados y los periodistas son difamados. Un sitio en el cual, desde el anonimato, se nos llama "putas" y se nos escribe: "respeta a @epn o te colgaremos del culo con un gancho de carnicería, perra" o se nos tuitea "respeta a nuestro presidente @epn te vamos a matar maldita perra, arriba el PRI aunque te duela". Las agresiones a mujeres comunicadoras y documentadoras aumentó 20 por ciento en los últimos dos años. Y toma una dimensión particular. Atenta contra la dignidad, atrae la atención morbosa sobre la privacidad, usa el género como un pretexto para patear.

El cerco se va cerrando, de manera deliberada. En este gobierno, el promedio de agresiones a la libertad de expresión subió 80 por ciento. En este gobierno, 48 por ciento de las agresiones contra periodistas han sido cometidas por algún funcionario público. El Estado mismo amordaza. Quien debería proteger la libertad de expresión se convierte en el principal perpetrador de ataques en su contra. Porque a pesar de leyes, mecanismos, y fiscalías "especiales" la total impunidad de quienes agreden a la prensa persiste. Porque la democracia mexicana agoniza al lado del periodismo libre. Porque Angélica Rivera no quiere vender su Casa Blanca ni Luis Videgaray aclarar las condiciones de compra de la suya. Porque el PRI quiere ganar la Ciudad de México con las redes que tejió Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Porque el gobernador de Quintana Roo prefiere matar al mensajero que atender su mensaje.

He allí el caso de Edwin Canché, torturado por fotografiar el choque del sobrino del alcalde. O el de Gregorio Jiménez, asesinado por un comando armado. O el del periódico Noroeste de Sinaloa, objeto de 47 incidentes de robos, despojos, agresiones físicas, amenazas y asaltos. O el de Karla Silva, golpeada por tres hombres, para que "le bajara de huevos a sus notas". O el de Pedro Canché, encarcelado por documentar un desalojo. O el del semanario Luces del Siglo, clonado 61 veces, en las cuales las portadas han sido falsificadas para hacer referencia a los supuestos logros del gobernador, Roberto Borge. O el de Carmen Aristegui, despedida supuestamente por el "uso de una marca", cuando la verdadera historia incluye lineamientos editoriales -equivalentes a la censura- que la empresa pretendía obligarla a firmar, y el papel de mediador amistoso que debía ejercer José Woldenberg, al quien MVS prefirió ignorar.

Ante estos casos la sociedad debe pelear por la libertad que se va perdiendo, periodista asesinado tras periodista censurado. Pelear por la libertad de saber, pronunciar, argumentar, investigar Casas Blancas y líderes políticos con historiales negros. Defender la libertad que -como dice Yoani Sánchez- es la posibilidad de pararse en una esquina y gritar: "Aquí no hay libertad".

¿Caníbal sin conflicto? Denise Dresser

Denise Dresser

"Si les parece bien no voy a hacer ninguna otra declaración”, dice el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuando la prensa le pregunta sobre su casa en Malinalco. Esa que le “compró” al Grupo Higa con un préstamo no bancario a una tasa de interés del 5 por ciento, cuando la del mercado era del 12 por ciento. Esa que Higa “vendió” sin ganancia alguna, como reportó el Wall Street Journal la semana pasada. Esa sobre la cual afirma “estar tranquilo”. Pero nosotros no lo estamos ni nos parece bien su silencio. Su opacidad. Su reticencia a airear, transparentar, explicar. Admitir el conflicto de interés y renunciar por ello. La transacción de su casa en Malinalco -legalmente permisible, éticamente inaceptable- daña a la SHCP y al país.

Porque lo que niega que ocurrió en cualquier democracia funcional se llama “apariencia de indecencia”. Apariencia de impropiedad. Apariencia de incorrección. El uso de un puesto de poder para asegurar privilegios privados, como la obtención de una casa a menos de la mitad de su valor real. El mal uso de su posición, como personaje cercano a Enrique Peña Nieto, para conseguir un préstamo preferencial que ningún otro ciudadano habría logrado. La violación de estándares de conducta que cualquier funcionario público debería respetar, vitales para que los ciudadanos puedan tener confianza completa en la integridad del gobierno. Videgaray, al hacer lo que hizo, contravino su deber, su misión, su propósito como alguien en la vida pública y política del país.

Y podrá argumentar que no violó ninguna ley. Que no actuó en contra de ningún reglamento. Que -como escribió Samuel Butler- “el canibalismo es moral en un país de caníbales”. Si la ley no sanciona el conflicto de interés, entonces adelante. Si las reglas que no estableció el viejo PRI permiten el enriquecimiento del nuevo PRI, qué mejor. Como tantos más, Luis Videgaray se beneficia de los bajos estándares de la era.

Estándares al ras del suelo que nadie criticaba o percibía o denunciaba porque eran pilares del priismo. La práctica permitida era -y sigue siendo- llegar al poder para conseguir casas, promover negocios, adjudicar contratos, traficar influencias. Y he allí una de las causas de la corrupción política y uno de los detonadores de la desigualdad social y una de las raíces del retraso económico. Las decisiones favorables -para el Grupo Higa y otras empresas- a cambio de pagos redituables. Las reglas no escritas que permiten ser empresario privado y representante público, secretario de Hacienda y evasor de impuestos. Las reglas no escritas que el PAN y el PRD y el PVEM se saben ya de memoria y por eso guardan silencio ante una costumbre que tan caro le cuesta a la credibilidad institucional.

Gran parte del problema proviene de huecos legales que permiten conductas cuestionables. En México parece no haber impedimentos constitucionales y legales que impidan hacer lo que Videgaray hizo. Duerme tranquilo porque ni siquiera existe una entidad equivalente al U.S. Office of Government Ethics. Porque nadie está vigilando si la conducta de un funcionario público viola la reputación de la institución para la cual trabaja. Porque nadie se ve obligado a renunciar, como en el caso del congresista Aarón Schock, que dejó el puesto sólo 12 horas después de que el periódico POLITICO reveló que recibió un reembolso de miles de dólares de dinero público por el uso el de su automóvil privado. Él también -como Videgaray- argumentó que “no había violado la ley”.

Pero en política importa tanto o más la percepción que el hecho mismo. Y en ese caso, como en el de nuestro Secretario de Hacienda, la percepción compartida es de incorrección. De abuso del puesto. De privilegios por encima de los ciudadanos cuyos impuestos gasta. Del uso inapropiado de su posición. De una situación definida en el artículo “What is a conflict of interest?” de Lars Bergstrom en el Journal of Peace Research, en la cual alguien tiene dificultades para llevar a cabo sus labores oficiales/fiduciarias porque hay un conflicto entre sus intereses y los de su empleador.

En este caso, los empleadores somos nosotros, los ciudadanos, cuyos intereses se vieron afectados con una transacción irregular que benefició a un particular que ahora es -ni más ni menos- el secretario de Hacienda. Por ello Videgaray no puede seguir en un puesto donde cobra impuestos, vigila créditos, aprueba licitaciones y dispone de dinero público. Permitir que siga despachando en la SHCP es equivalente a aceptar que el canibalismo es moral porque somos un país de caníbales.

Mesa de análisis: Denise Dresser, Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo 10/11/2014