Javier Duarte de Ochoa Veracruz El gobierno que viene

Más de cinco mil muertos según cifras oficiales, son los que deja la administración saliente del mexicano Estado de Veracruz, en el Golfo de México, 19 periodistas asesinados y muchos que se exiliaron o huyeron por temor a las represalias por parte del gobierno de Javier Duarte de Ochoa, secuestros, extorsiones y un largo etcétera que disparó el índice de criminalidad, aunado a una brutal represión de que fueron objeto los casi 8 millones de ciudadanos que habitan en esa parte de la geografía mexicana, se suman a una increíble deuda que, se presume, en más de 200 mil MDP (10 billones de dólares aproximadamente) es parte de lo que tendrá que enfrentar al asumir la gubernatura de dicha entidad, el gobernador electo Miguel Ángel Yunes Linares.

Un cierre de mes en el que privan las protestas sociales, los bloqueos por falta de pago, la falta de liquidez y de recursos para hacer las cosas, así como también, la falta de obra pública e infraestructura en prácticamente todos los rubros, hacen de este Estado, paradójicamente, uno de los más ricos y al mismo tiempo, más pobres y peligrosos del país.

La transición que está a punto de vivirse en ese lugar pondrá de manifiesto la buena voluntad de la clase política de trabajar por y para los veracruzanos o simplemente, el revanchismo político que fue, durante todo el proceso de campaña electoral, que fue lo que privó y que llevó al Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la debacle que hoy lo tiene al borde de la desaparición como partido político.

“No será fácil asumir el control de la administración pública estatal para el gobernador electo”, declaró el diputado local Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, sin embargo, la gente que colaborará con él en la reconstrucción de la entidad, es gente que sabe que dos años son muy pocos para lograr rescatar una extensión tan grande de la ruina en la que se encuentra “porque es más difícil reconstruir que construir”.

Y efectivamente, en los últimos 12 años de gobierno priista en Veracruz “La Docena trágica”, el enriquecimiento de los administradores de los recursos públicos estatales y muchos de los 212 administradores de los recursos públicos municipales, en su mayoría emanados del Revolucionario Institucional, se enriquecieron indiscriminadamente, dejando tras de ellos, un rastro de miseria, luto, temor y odio que, finalmente, fue lo que desencadenó que la gente, en las pasadas elecciones del 5 de Junio, saliera a votar por un cambio que hiciera posible un avance en todos los órdenes para esa tierra.

Miguel Ángel Yunes Linares, emanado de la alianza PAN – PRD (derecha e izquierda) quien ha sido uno de los candidatos con más ataques mediáticos por diversos motivos, incluyendo estos la pederastia y el enriquecimiento ilícito, situaciones ambas que no se han podido comprobar más que en papel, se enfrentará a: 

Primero, la amenaza de que no lo dejarán asumir la gubernatura, por parte de diversos grupos sociales, por supuesto, del PRI y,

Ssegundo: un terrible desastre financiero, político, de seguridad pública y social, desempleo, desapariciones forzadas, crimen organizado, amén de la falta de infraestructura pública que se debió haber hecho en su momento, sin contar la reparación de diversos daños que, debido al gran saqueo económico por parte de los actores políticos en el poder, no se ha hecho en tiempo y forma pero, sobre todo, a un enorme descontento social que, por lo menos, en la capital del Estado, parece que mantienen a Veracruz al borde de la desobediencia civil o en el peor de los escenarios, al borde de un levantamiento armado pues, la situación que ha dejado tras de sí el gobernador con licencia de la entidad, mantiene en vilo a la población y con la urgentísima necesidad de comenzar de inmediato a trabajar para reparar los daños y contener lo que, de acuerdo a lo que se ve, podría ser un estallido social de magnitudes sin precedentes en la historiografía veracruzana.

Definitivamente, Yunes Linares no la tiene fácil, pero si ganó una elección muy reñida y judicializada por quienes pretendían mantenerse en el poder, los veracruzanos esperan de él, lo mejor de quien ha sido un funcionario público prácticamente toda su vida, antes de que suceda lo peor, gracias a quienes, asumieron el poder pensando en el beneficio personal y lo demostraron en los hechos.

El Archivo del Terror de Javier Duarte

Arsinoé Orihuela

La digna voz

La larga noche de la gubernatura de Javier Duarte llega a su fin. Perdura, no obstante, la estela del terror que sembró durante sus seis años de gestión, prohijado desde las altas esferas del poder público federal, que ahora, acorralado por las especulaciones de complicidad, conjura una suerte de escenificación justiciera que a todas luces responde a los atrabiliarios cálculos electorales de una clase política podrida hasta los tuétanos. El horror innombrable que soportaron las víctimas del duartismo no puede quedar en el olvido. No hay reparación posible para el dolor que padece Veracruz. Documentar los horrores es sólo un gesto minúsculo de justicia, necesario para sanar y compartir un duelo colectivo, que es un primer paso, apenas modesto, en la dirección de un cambio urgente de timón. Ese cambio es una tarea política de la sociedad, no de corruptos olímpicos erigidos en gobernantes electos. La memoria del dolor es el anticuerpo contra los gobiernos criminales. Este es un ejercicio de memoria, una recapitulación de ese terror que diseminó un gobierno criminal encumbrado en eso que su antecesor llamó “la plenitud del pinche poder”.

Los periodistas

Históricamente Veracruz es uno de los estados más peligrosos para ejercer el oficio de periodista. Esta toxicidad hacia el periodismo tiene sus raíces en la histórica relación del gobierno y ciertos flancos del gremio periodístico (maiceo, chayoteo, obediencia de la prensa a los caprichos del poder en turno) y en la satanización y desprotección de los periodistas independientes en un estado fuertemente castigado por la excepcionalidad. Pero esa peligrosidad alcanzó niveles insospechados durante la administración de Javier Duarte. Desde la llegada al poder del impresentable Duarte de Ochoa, admirador confeso de Francisco Franco (el otrora dictador de España), Veracruz se convirtió en el lugar más peligroso en América Latina para el ejercicio profesional del periodismo.

Acaso poco recuerdan, pero la secuencia de agravios contra los periodistas en la era de Javier Duarte arrancó con un incidente que alcanzó relevancia internacional, por la magnitud del desgarriate. En agosto de 2011, María de Jesús Bravo Pagola, columnista de Milenio El Portal, fue acusada por el gobierno estatal por presuntos actos de terrorismo, luego de que en su cuenta personal de twitter alertara a la población de una balacera. Después de un mes de reclusión, Bravo Pagola salió de prisión. Pero la advertencia había sido emitida: el duartismo no toleraría ningún señalamiento a sus allegados criminales.

Ese incidente, para la historia del periodismo en Veracruz, marcaría un punto de inflexión: si tradicionalmente la no alineación se pagaba con persecución, a partir de ese antecedente la osadía de la denuncia se pagaría con encarcelamiento, y no pocas veces con la muerte. No tardó en llegar la ejecución de ese código. El asesinato de Regina Martínez (28 de abril de 2012), ex corresponsal de la revista Proceso, refrendó la ley de hierro del duartismo: muerte a los periodistas.

Veracruz se convirtió en un calabozo para los periodistas e informadores. En este renglón, la entidad tiene saldos desastrosos. De acuerdo con Reporteros Sin Fronteras, el estado es uno de los 10 lugares más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo. La Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias advirtió que el estado de Veracruz concentra el 50 por ciento de los homicidios contra periodistas en México desde 2011.

El gobierno de Javier Duarte fue especialmente letal para el ejercicio periodístico. Sólo en los primeros 38 meses de su administración,

“[…] en promedio cada tres meses [murió o desapareció] un periodista; y, aunque hay evidencias irrefutables de la mala integración de las investigaciones de la Procuraduría estatal y de ‘sospechosas coincidencias’ de las coberturas periodísticas de algunos de los profesionales de información asesinados, en todos los casos las autoridades niegan que tales crímenes tengan relación con su ejercicio profesional” (Cantú en Proceso 16-II-2014).

En total, durante los seis años de la administración de Javier Duarte, 19 periodistas fueron asesinados.

Cualquiera que colaboró en algún medio de comunicación en la era duartista sabía que estaba expuesto a una lapidaria disyuntiva: “cooperas o cuello”, que es equiparable al “plata o plomo” de los narcos.

Debido a ese clima de hostilidad algunos periodistas decidieron abandonar la entidad y refugiarse en otros estados de la república. En 2013, el periodista Noé Zavaleta –que por cierto abandonó recientemente el estado por amenazas de muerte–, advirtió:

“Reporteros como Andrés Timoteo, excorresponsal de La Jornada, y Rafael Pineda, Rape, tuvieron que salir de Veracruz por considerar que no hay garantías de seguridad mínimas para ejercer el periodismo. El caso más reciente es el del fotógrafo de la agencia Cuartoscuro Félix Márquez, quien abandonó la entidad durante algunas semanas luego de que el secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez, ‘sugirió’ que debería estar preso por publicar las fotos de un grupo de autodefensa que opera en Tlalixcoyan” (Zavaleta en Proceso 28-IV-2013).

Pero no todos corrieron con la misma suerte en el exilio. El homicidio de Rubén Espinosa Becerril (colaborador de la revista Proceso, excompañero de Regina Martínez) apunta a un crimen ordenado desde Veracruz, con un mensaje dirigido a la totalidad del gremio periodístico de la entidad: el brazo de venganza veracruzano no conoce fronteras geográficas.

La denuncia no derroca gobiernos ni remueve estructuras socioeconómicas. A lo mucho señala la podredumbre de una fuente de autoridad o previene acerca de los abusos que frecuentemente acompañan al ejercicio de poder. Pero en el Veracruz de Javier Duarte, esa práctica ciudadana elemental era una herejía meritoria de persecución, tortura y muerte. Rubén fue uno de los periodistas más atentos a los abusos de la gestión de Javier Duarte. La evidencia sugiere que pagó con la muerte esa “insolencia”. Poco antes del homicidio de Espinosa Becerril, en un evento con periodistas celebrado en Poza Rica, el mandatario veracruzano había advertido amenazadoramente:

“Voy a tener mucho cuidado con lo que voy a decir. Y si a alguien ofende lo que voy a decir, de antemano le ofrezco una disculpa… Quienes integran esas células delictivas tienen pugnas, quienes están abajo quieren estar arriba. Yo lo digo con total conocimiento de causa. Lamentablemente la delincuencia tiene puentes, nexos con notarios públicos, empresarios, funcionarios públicos, y también algunos de los colaboradores, trabajadores de los medios de comunicación, también están expuestos ante estas situaciones… Hay momentos difíciles… Bajo advertencia no hay engaño. Se lo digo a ustedes, por su familia, pero también por la mía, porque si algo les pasa a ustedes a mí me crucifican todos. Pórtense bien (sic). Todos sabemos quiénes andan en malos pasos. Dicen que en Veracruz sólo no se sabe lo que todavía no se nos ocurre… No se hagan como que la virgen les habla” (Zavaleta en Proceso 9-VIII-2015).

Un día antes de huir del estado para exiliarse en la capital del país, y tras haber recibido reiteradas amenazas de muerte en Veracruz, Rubén confesó al reportero Noé Zavaleta:

“Ayer y hoy me han estado siguiendo. Ya es muy directo: un tipo afuera de mi casa me tomó fotografías, y son los mismos que he visto otras veces… Mejor me voy antes de que me pase lo que a los estudiantes, que me peguen una madriza, que me manden al hospital un mes y que me dejen loco, más de lo que ya estoy” (op. cit.).

Lo que siguió después del asesinato de Rubén fue un éxodo de periodistas que abandonaron la entidad veracruzana en busca de refugio en otras ciudades. Otros optaron por la autocensura.

En una entrevista concertada en agosto de 2015, el reportero de Proceso Noé Zavaleta explicó que los controles de censura se multiplicaron en los últimos años en Veracruz, en el marco de la administración de Javier Duarte, y que entre los tipos de controles más socorridos destacan:

“[…] los autocontroles del propio reportero, controles económicos por parte de los dueños de comunicación locales y controles gubernamentales que condicionan a los medios pequeños a cambio de publicidad oficial, entre otros”.

Todos los informes de organismos internacionales dibujan un contexto siniestro para la profesión periodística en Veracruz, y en aras de su conocimiento testimonial de esta coyuntura, se le pidió a Zavaleta que señalara quién agrede o persigue a los periodistas en el estado. Sin indicar nombres, y con visible cautela, Noé adujo: “Son varios frentes: el crimen organizado, la Secretaría de Seguridad Pública, servidores públicos que se esconden en el anonimato y los propios dueños de los medios de comunicación locales”.

Otro informador, que solicitó anonimato, refirió sin rodeos la situación de los periodistas en Veracruz, y la razón que explica esa condición de calabozo para el quehacer periodístico. Dijo: “En Veracruz, la autoridad pública protege al criminal y persigue al periodista”.

Fuente: http://lavoznet.blogspot.com.ar/2016/10/el-archivo-del-terror-de-javier-duarte.html

Allá en la fuente

¿Cuál puede ser uno de los principales problemas del Organismo Público Local Electoral (OPLE) en Veracruz? Eduardo de la Torre Jaramillo, en su ya tradicional conferencia de los lunes, ha dado a conocer una serie de irregularidades al interior de dicho organismo comenzando porque, ninguno de los 7 integrantes que lo conforman, ha tenido actividades académicas.

¿Qué tiene que ver esto en un organismo electoral? Simple, que al no tener un perfil académico, será el Instituto Nacional Electoral el que atraiga la elección del año que entra en Veracruz ¿Y esto qué? ¡Simple! Que la elección no quedaría en manos del órgano electoral estatal, sino del federal, "esa sería la primera interpretación que hizo el INE, que están jugando a su favor".

Por eso, de la Torre Jaramillo a pregunta expresa sobre si hay alguna forma de regular la situación dijo que habrá que conformar un órgano alterno al OPLE, como ocurrió en 1994, "Esa Comisión estaba conformada por ciudadanos preparados en el tema: el académico Francisco Montfort Guillén; el antropólogo Ernesto Fernández Panes; el historiador Leopoldo Alafita Méndez y el único abogado, Juan Schuster; así como también el que fue posteriormente consejero, el sociólogo Héctor Amezcua y se podría incluir a quien no ha sido consejera pero es una experta electoral, la psicóloga Mariana Aguilar".

De ser factible y de aceptar la convocatoria, sería, históricamente, la primera vez que un órgano electoral EN Veracruz, sea supervisado por un órgano alterno conformado por ciudadanos que SABEN lo que hay que hacer en un momento determinado…

¿Para qué tanto brinco? Veamos: Acción Nacional ha despedido ya a mucha gente, muchos empleados que laboraban en el instituto y esto, debido a que ¿No hay dinero? ¿Cómo? Si desde que salió Cambranis, las prerrogativas para el partido, aumentaron casi en un 50 por ciento, los documentos están ahí, el órgano electoral las tiene a la vista, es información pública y al ser interrogado al respecto, el ex camaleónico dirigente estatal del PAN y hoy flamante diputado federal, dijo esperar que, los despidos, no vayan a ser por el tema político.

Resulta interesante que Cambranis se reuniera en conocido café del centro de la capital veracruzana con Juan Vergel Pacheco y además, se tomara fotos con el ex diputado federal Uriel Flores Aguayo; interesante porque, Cambranis nunca ha negado el tema de las alianzas, tan es así que, el haber llegado a la curul federal, obedeció, precisamente, a una alianza interna cuando, toda la gente del partido, veía venir una cargada en contra del ex líder nacional del albiazul. Casualidad o causalidad, Cambranis Torres es hoy diputado federal y NO niega el tema de las alianzas para el 2016; mientras tanto, el OPLE, es un órgano que se está colocando de tal modo que, de no haber otro dictamen en contra de la mini gubernatura, contenderán: Por el PRI: Alejandro Montano Guzmán y por la alianza izquierderecha: el que sea y va a ganar la mini para que, como en el burro castigado, mientras tanto, el orquestador, organizador, máximo creador del tema BURSATILIZACIÓN, sea capaz de arrancar a correr y estar lo suficientemente lejos para que no lo alcance el brazo de la ley…

¡Claro, si le da tiempo! Porque a EPN le hace falta una limpieza de imagen a nivel internacional y las señales dicen que: ¡Veracruz, primero y siempre…!

De Oficio:

Mientras cierto personaje daba su conferencia de prensa privada, en la plaza Lerdo y a todo volumen, músicos se manifestaban y exigían el pago de sus honorarios, porque ya estuvo suave de que les vean la cara; se preguntan qué ¿Cómo es posible que, por ejemplo, para Ricky Martín si hubo lana y para ellos nanay? Muy buena pregunta ¿Qué dijeron adentro? ¡Que se les va a pagar! Lo que no dijeron fue el cuándo…

El diputado local Marco Antonio del Ángel Arroyo se encuentra en la ciudad de México, protestando en contra de Miguel Ángel Yunes Linares; interesante porque, los 400 pueblos tienen mucho tiempo protestando contra el personaje político en mención, sin embargo, en esa coyuntura, en ese contexto, muchos son los políticos que han salido a manifestarse en contra de Yunes Linares, de cara a las elecciones del 2016.

¿Qué no hay otro? ¡Claro que sí! Pero es El Turco el que da dolores de cabeza porque, como tiene los nexos adecuados con las instancias infalibles a nivel federal, es capaz de meter al bote hasta a la mamá del arzobispo de Xalapa si es necesario, con tal de aclarar el asunto de la increíble deuda en Veracruz.

Y sobre ese asunto, Luis Alberto García Leyton, presidente del Movimiento Liberal Mexicano, se pronunció para que el Gobierno del Estado salga a dar la cara y dé resultados de la misma pues, la ciudadanía no sabe a cuánto asciende, ni de cuánto es ni cómo se adquirió, al mismo tiempo, se pronunció porque, el mismo gobierno estatal, aclare la situación económica por la que atraviesa la Universidad Veracruzana pues, quien maneja los recursos públicos es la Secretaría de Finanzas y ésta, a su vez, depende del titular del ejecutivo. Algo así como quien dice: ¡No nos hagamos bolas! ¿Pa’ que tanto brinco estando el suelo parejo?

Finalmente, nos sigue llamando la atención el trabajo que viene realizando el diputado local y presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado de Veracruz, nos referimos a Francisco Garrido Sánchez quien, no quita el dedo del renglón y busca aportar un grano de arena a la situación por la que atraviesa, en estos momentos, el pueblo de Veracruz, el pasado fin de semana, ante los micrófonos de la difusora con mayor alcance en la zona centro de la entidad, nos referimos a OriStereo, Garrido Sánchez dijo ese día cumplía 29 semanas seguidas recorriendo el Estado con la Asociación Civil Juntos Desarrollamos Veracruz en un trabajo constante en apoyo de los más desfavorecidos.

Pocas o muchas, no podemos decirlo con certeza, lo que sí, es que ha sido un verdadero trabajo el que, de una u otra forma, ha venido desarrollando el titular de la Comisión de Vigilancia del Congreso veracruzano, sobre todo porque, lo que hace –y su expresión es tajante en ese sentido- es para aportar con un poco, lo que está a nuestro alcance, en favor de las familias veracruzanas.

Finalmente, el recién designado Coordinador del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (GLPAN) Joaquín Rosendo Guzmán Avilés, se pronunció en contra de la falta del pago de la Pensión Alimenticia Vitalicia de la Ley 223, que otorga el Sistema Estatal de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) a través del Programa 70 y Más, lo cual nos dice que, de seguir las cosas así, abonando más leña al fuego de la hoguera de la deuda en Veracruz, muy difícilmente la gente saldrá librada del asunto, sobre todo, si, como se dice, quien está controlando los recursos y los entrega personalmente, es el futuro gobernador de Veracruz. ¿Nombres? Se los dejamos de tarea.

Carlos Morales Tapia. Periodista Independiente en el Estado de Veracruz

Veracruz Ley de tránsito del estado o la ley de hierro de la policía

El sábado 4 de julio, alrededor de la dos de la madrugada, un grupo de jóvenes fue retenido en la vía pública por una patrulla de la policía estatal, exactamente en la esquina de Xalapeños Ilustres y José María Mata. Se les ordenó que colocaran las manos sobre la pared. Una fila cabizbaja de cerca de diez o doce varones de corta edad, y cinco oficiales con atuendo de policía militar fuertemente armados registrando con violencia las pertenencias personales de los jóvenes. La escena parecía tomada de ese acervo de imágenes que durante décadas mantuvieron en la confidencialidad las dictaduras sudamericanas, y que muestran el férreo control del espacio público que impusieron las juntas militares en contra de la totalidad de la población civil. En esa época se argüía la presencia de una conjura comunista. En nuestra época el presunto enemigo es vago e impreciso; aunque la excusa que escolta a estos operativos cuasimilitares es casi religiosamente la cacareada “seguridad pública”. Después de la auscultación aparentemente rutinaria, los elementos de la policía regresaron a la patrulla. A la distancia se alcanzó a escuchar a otra persona, que nada tenía que ver con el asunto, proferir un par de improperios folklóricos en contra de los efectivos policiales. Como si se tratara de una terrorista o disidente político o estudiante universitario (que no son lo mismo pero en los cálculos del gobierno son iguales), los agentes evacuaron otra vez la unidad y avanzaron en posición de ataque hacia el “insolente” transeúnte. El hombre, de unos 35 años de edad, corrió en dirección al establecimiento más próximo e ingresó por la entrada principal, acaso pensando que allí no podrían seguirlo. Los policías entraron al lugar sin titubear, y con lujo de violencia amagaron con aprehender al “fugitivo”. Después de un forcejeo bochornoso, los agentes de la policía estatal abandonaron el sitio y abordaron nuevamente la patrulla, dejando libre al hombre. 

Podría sugerirse que se trató de un asunto menor e irrelevante. Pero el incidente cobra relevancia en el contexto de la instrumentación de la impresentable Ley de Tránsito y Seguridad Vial de Veracruz. Incluso algunos de los testigos de esa noche estimaron que se trató de una puesta en práctica preliminar, una especie de ensayo de lo que se avecina con la entrada en vigor de esa Ley. Y es que el nuevo reglamento de Tránsito no es otra cosa que un empoderamiento de la fuerza pública y un debilitamiento de la ciudadanía y los derechos civiles. Tan sólo tres o cuatro días después de ese incidente, una patrulla de la fuerza civil (unidad de elite de la policía estatal) estuvo involucrada en un accidente en el que se presume que fue responsable de impactar a un taxi, causando daños aparatosos a la unidad. La patrulla, marcada con el número económico F-2558 (alcalorpolítico 7-VII-2015), se dio a la fuga sin que hasta la fecha se decrete alguna sanción contra los elementos de la fuerza civil. 

La Ley de Tránsito no es llanamente un endurecimiento de la ley; es un endurecimiento de la ley contra la población civil. Que esa Ley establezca como una obligación de los peatones la de siempre “portar una identificación con fotografía, en la cual se señale la dirección de su domicilio”, o que prevea sanciones que incluyen “arrestos administrativos” con base en criterios como la “ofensa de la autoridad”, “alteración del orden” o la “paz pública”, no es de ningún modo algo consustancial a una preocupación de orden vial. Que la Ley contemple la instalación de cámaras y radares por toda la ciudad, o que imponga multas que exceden el 1000% de un salario mínimo en el país, o que refuerce los retenes u operativos de alcoholemia, o que faculte a los agentes de tránsito para detener por capricho a cualquier vehículo, o que decrete la obligatoriedad de un “permiso para el uso de la vía pública” allí donde una persona o grupo pretenda realizar una manifestación, poco o nada tiene que ver con la seguridad o la paz o la integridad de la ciudadanía. Al contrario, se trata notoriamente de una Ley que aspira a constreñir la movilidad social, inhibir el uso del espacio público, y decretar una especie de “toque de queda” no declarado. 

Las consecuencias previsibles de la Ley de Tránsito deben constituir una prueba de intencionalidad. Entre esas consecuencias predecibles destacan tres: uno, el tránsito restringido de la vía pública o la transgresión flagrante del derecho de movilidad; dos, la represión gubernamental de manifestaciones o actos públicos ciudadanos que cuestionen el ejercicio violatorio de la función pública; y tres, la persecución sin restricciones de la totalidad de la población por parte de la fuerza pública, con el propósito de imponer multas a granel y sanear el mal estado de las arcas públicas rutinariamente sujetas al bandidaje institucional. 

La constante acción vejatoria de los agentes policiales en Veracruz no es un asunto que frene a la autoridad civil en la persecución de su agenda. La evidencia sugiere que esa “acción vejatoria” es el fondo no declarado de las políticas de seguridad, incluido el nuevo ordenamiento vial. Esa terca omisión de la realidad es la norma en las alocuciones de los funcionarios públicos. Según el alcalde de la capital veracruzana: 

“Hoy Xalapa cuenta con un mejor cuerpo policiaco y por supuesto que debe de seguirse fortaleciendo, no digo que sea un trabajo acabado pero hoy tenemos un mejor cuerpo de servidores públicos que cuidan los intereses, el patrimonio, así como la integridad física de los xalapeños” (alcalorpolítico 7-VII-2015). 

Cabe traer a la memoria la advertencia del catedrático José Antonio Pascual: “Disimular la realidad con los subterfugios del lenguaje puede permitir salir del paso una vez; institucionalizar ese proceder conduce a la más sutil de las dictaduras: la de la mentira ejercida desde el poder, desde cualquier forma de poder”. 

De la Ley de Tránsito sólo se pueden esperar dos cosas: más hostigamiento policial y más impunidad.

Blog del autor: http://lavoznet.blogspot.mx/2015/07/ley-de-transito-del-estado-o-la-ley-de.html