Corralitos

El anuncio del monumental recorte del gasto público para 2016 que hizo el secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, cayó como un balde de agua helada sobre casi todos los sectores de la sociedad mexicana. Sobre todo de asalariados, pensionistas y pequeños y medianos empresarios. Se trata de un ominoso anuncio precursor de grandes calamidades económicas, políticas y sociales. Entre estas últimas, por supuesto, el incremento de la delincuencia: robos, secuestros, fraudes, despojos y otras expresiones de daño moral y patrimonial. 

Y aunque el secretario de Hacienda sabe todo esto, se cuidó mucho, desde luego, de presentarlo y reconocerlo así. Por lo contrario, pintó un panorama idílico en el que el recortado presupuesto detonará la creación de empleos, fomentará el desarrollo económico del país y será particularmente beneficioso para los millones de individuos que dependen de ingresos fijos (cuando los hay): asalariados, subempleados, campesinos y pensionistas (jubilados, viudas y huérfanos), algo así como el 90 por ciento de la población mexicana.

Pero cuatro décadas de experiencia en las políticas económicas neoliberales nos dicen que la versión ofrecida por Videgaray es pura fantasía, ofertas de vendedor tramposo, un lobo con piel de cordero, guante de seda y puño de hierro, máscara de plata que encubre un rostro deformado. 

Y los temores y protestas no se han hecho esperar. Y como el anuncio del recorte lleva especial dedicatoria para las universidades, el primero en salir a la palestra ha sido el rector de la Universidad Nacional, el doctor José Narro Robles. Pero no tardarán en seguir su ejemplo otros rectores de instituciones de educación superior, señaladamente el de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y el director general del Instituto Politécnico Nacional (IPN). 

Según nota de primera plana de muchísimos medios, Narro demanda que no haya recortes en universidades. Y agrega: “La enseñanza superior, la ciencia y la tecnología son áreas estratégicas del país”. De modo que a Videgaray ya le salió un primer y poderoso opositor a sus despropósitos ultraneoliberales. 

No cabe, por supuesto, esperar que la sola fuerza de Narro y de los demás rectores universitarios logren detener la embestida de Hacienda. Pero ya es una buena señal que importantísimos actores de la vida pública adviertan y nos adviertan del inminente peligro que nos amenaza. 

Porque, guardando las proporciones que haya que guardar, la propuesta de Videgaray parece una calca del programa de recortes al gasto que Alemania y sus cómplices y comparsas de la Unión Europea pretenden imponer al pueblo griego: recortes a la inversión pública, recortes al gasto social, recortes a las de por sí ya menguadas pensiones de jubilados, viudas y huérfanos, recortes a los subsidios a la educación, a los desempleados, a los desamparados. 

¿En qué cabeza cabe que con recortes millonarios a los ingresos de la gente puedan fomentarse el empleo y el consumo? ¿No le dice la experiencia al licenciado Videgaray que los recortes al gasto público producen más desempleo, más informalidad y menos consumo, factores presentes, ayer y hoy, en la sociedad mexicana? ¿No le dice que lo esperable es mayor caída en la actividad económica y menores cifras de empleo? 

Esta ha sido la situación mexicana en las últimas cuatro décadas. Y para resolverla y mejorarla, el doctor Videgaray receta las mismas medicinas que no sólo no alivian a la enferma economía nacional, sino que la agravan severamente. Grecia es un buen ejemplo. La Argentina de Menem también. ¿Terminarán las cuentas bancarias de millones de mexicanos en un “corralito” argentino o griego? ¿Hasta allá nos quieren llevar? 

¿Caníbal sin conflicto? Denise Dresser

Denise Dresser

"Si les parece bien no voy a hacer ninguna otra declaración”, dice el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, cuando la prensa le pregunta sobre su casa en Malinalco. Esa que le “compró” al Grupo Higa con un préstamo no bancario a una tasa de interés del 5 por ciento, cuando la del mercado era del 12 por ciento. Esa que Higa “vendió” sin ganancia alguna, como reportó el Wall Street Journal la semana pasada. Esa sobre la cual afirma “estar tranquilo”. Pero nosotros no lo estamos ni nos parece bien su silencio. Su opacidad. Su reticencia a airear, transparentar, explicar. Admitir el conflicto de interés y renunciar por ello. La transacción de su casa en Malinalco -legalmente permisible, éticamente inaceptable- daña a la SHCP y al país.

Porque lo que niega que ocurrió en cualquier democracia funcional se llama “apariencia de indecencia”. Apariencia de impropiedad. Apariencia de incorrección. El uso de un puesto de poder para asegurar privilegios privados, como la obtención de una casa a menos de la mitad de su valor real. El mal uso de su posición, como personaje cercano a Enrique Peña Nieto, para conseguir un préstamo preferencial que ningún otro ciudadano habría logrado. La violación de estándares de conducta que cualquier funcionario público debería respetar, vitales para que los ciudadanos puedan tener confianza completa en la integridad del gobierno. Videgaray, al hacer lo que hizo, contravino su deber, su misión, su propósito como alguien en la vida pública y política del país.

Y podrá argumentar que no violó ninguna ley. Que no actuó en contra de ningún reglamento. Que -como escribió Samuel Butler- “el canibalismo es moral en un país de caníbales”. Si la ley no sanciona el conflicto de interés, entonces adelante. Si las reglas que no estableció el viejo PRI permiten el enriquecimiento del nuevo PRI, qué mejor. Como tantos más, Luis Videgaray se beneficia de los bajos estándares de la era.

Estándares al ras del suelo que nadie criticaba o percibía o denunciaba porque eran pilares del priismo. La práctica permitida era -y sigue siendo- llegar al poder para conseguir casas, promover negocios, adjudicar contratos, traficar influencias. Y he allí una de las causas de la corrupción política y uno de los detonadores de la desigualdad social y una de las raíces del retraso económico. Las decisiones favorables -para el Grupo Higa y otras empresas- a cambio de pagos redituables. Las reglas no escritas que permiten ser empresario privado y representante público, secretario de Hacienda y evasor de impuestos. Las reglas no escritas que el PAN y el PRD y el PVEM se saben ya de memoria y por eso guardan silencio ante una costumbre que tan caro le cuesta a la credibilidad institucional.

Gran parte del problema proviene de huecos legales que permiten conductas cuestionables. En México parece no haber impedimentos constitucionales y legales que impidan hacer lo que Videgaray hizo. Duerme tranquilo porque ni siquiera existe una entidad equivalente al U.S. Office of Government Ethics. Porque nadie está vigilando si la conducta de un funcionario público viola la reputación de la institución para la cual trabaja. Porque nadie se ve obligado a renunciar, como en el caso del congresista Aarón Schock, que dejó el puesto sólo 12 horas después de que el periódico POLITICO reveló que recibió un reembolso de miles de dólares de dinero público por el uso el de su automóvil privado. Él también -como Videgaray- argumentó que “no había violado la ley”.

Pero en política importa tanto o más la percepción que el hecho mismo. Y en ese caso, como en el de nuestro Secretario de Hacienda, la percepción compartida es de incorrección. De abuso del puesto. De privilegios por encima de los ciudadanos cuyos impuestos gasta. Del uso inapropiado de su posición. De una situación definida en el artículo “What is a conflict of interest?” de Lars Bergstrom en el Journal of Peace Research, en la cual alguien tiene dificultades para llevar a cabo sus labores oficiales/fiduciarias porque hay un conflicto entre sus intereses y los de su empleador.

En este caso, los empleadores somos nosotros, los ciudadanos, cuyos intereses se vieron afectados con una transacción irregular que benefició a un particular que ahora es -ni más ni menos- el secretario de Hacienda. Por ello Videgaray no puede seguir en un puesto donde cobra impuestos, vigila créditos, aprueba licitaciones y dispone de dinero público. Permitir que siga despachando en la SHCP es equivalente a aceptar que el canibalismo es moral porque somos un país de caníbales.