Redacción / Sin Embargo
Ciudad de México, 12 de septiembre (SinEmbargo).- El Gobierno de México está abusando y deportando a los migrantes centroamericanos que cruzan su frontera sur, división que mantiene con su vecino Guatemala, acusó Laura Carlsen, directora del Programa de las Américas del Centro para la Política Internacional (CIP, por sus siglas en inglés). Señaló que estas violaciones a los derechos humanos se cometen por orden de Estados Unidos, con el pretexto de garantizar la seguridad de ambos países.
Ahora, la migración de norte a sur, no del sur al norte, representa el modelo represivo del control de las fronteras. “Después de años de ser testigo de los resultados de la pared infame y la militarización de la frontera norte, que ha matado a miles de migrantes mexicanos y centroamericanos, el modelo de Estados Unidos ha sido trasladado más al sur de la frontera de México con Guatemala, con el apoyo activo del gobierno mexicano, a pesar de las obvias implicaciones para la soberanía nacional”.
Los migrantes que no son atendidos por esta política “represiva”, son hombres, mujeres y niños “abandonados a su suerte. Un destino marcado por un sistema que los ha definido como ‘parias’ humanos. No importa lo que han pasado por o lo van a tener que hacer para simplemente tratar de sobrevivir. Y esta es la respuesta de los gobiernos de Obama y Peña Nieto a la ‘crisis humanitaria’ de los niños indefensos año pasado”, escribió Larsen.
La frontera sur de México se ha convertido en la línea de contención del país “más poderoso del mundo”, Estados Unidos. “Las víctimas” de esta política extraterritorial son migrantes centroamericanos que cruzan todos los días, tratando de salvar sus vidas y a sus familias de la violencia, así como del hambre que azota a sus países, afirma la investigadora.
La “Iniciativa Mérida” fue firmada entre México y los Estados Unidos en 2008, para una supuesta cooperación y reconocimiento de las responsabilidades compartidas de ambas naciones, “con el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera”, tal como lo afirmó el gobierno norteamericano en un comunicado fechado en aquel año.
En una columna de opinión publicada en el portal estadounidense Counter Punch, Carlsen afirma además, que durante años, y especialmente en el último año, el gobierno de Estados Unidos ha reclamado la frontera sur de México como un área estratégica para su seguridad nacional.
“Con la formación de un bloque comercial regional con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), se inició una política de intervención incorrectamente llamada integración con México, que se extendió de forma explícita a la zona de seguridad de la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad firmada en 2005, y culminó en la Iniciativa Mérida en 2008″, escribió Carlsen.
La también asesora de Just Associates (JASS), colectivo internacional de activistas, académicas y educadoras, que luchan por la justicia para las mujeres en 31 países, dijo que el también llamado “Plan México”, presentado por el ex mandatario George W. Bush junto al Presidente mexicano, como un plan de “contraterrorismo, contra el narcotráfico y la seguridad fronteriza”, resultó ser un nuevo marco para las relaciones entre Estados Unidos con México, país latinoamericano que se militarizó, dirigido por el Pentágono.
El gobierno de Barack Obama, dice Carlsen, lejos de reconsiderar los impactos “ultra” violentos de la estrategia de guerra contra las drogas en México, heredó el plan de Bush y de inmediato decidió ir más lejos aún.
Dice que el actual gobierno del Partido Demócrata extendió la “multimillonaria” Iniciativa Mérida por tres años más, y cuya versión decía que se mantendría “indefinidamente”. Obama, asegura Carlsen, también extendió la guerra contra las drogas en los países de América Central, primero con la Iniciativa Regional de Seguridad para América Central (CARSI, por sus siglas en inglés), y ahora con la Sociedad para la Prosperidad.
Esto a pesar de que guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno de Calderón (2006-2012), causó la muerte a unas 70 mil personas, y al menos otras 23 mil más desaparecieron, según cifras oficiales.
De acuerdo con la Secretaría de Gobernación, desde 2008 el Congreso estadounidense le ha asignado al Plan Mérida unos mil 600 millones de dólares, contrastando con el presupuesto mexicano para seguridad que incluye el combate al narcotráfico, que está en alrededor de unos 13 mil millones de dólares.
LA COLABORACIÓN
La frontera sur de México se incluyó en la “Iniciativa Mérida” desde el principio, dice la directora del Programa de las Américas del CIP. El original de plan de Bush estaba dirigido a los “flujos de bienes ilícitos y de personas” y enumeraba el monitoreo migrante, la colección de datos biográficos, y los gastos de control de fronteras, todos los cuales han sido asignados y ampliados bajo las versiones de Obama, dice Larsen.
“Desde la crisis migrante del verano del 2014 y el anuncio por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto del Plan Frontera Sur, estos programas comenzaron a recibir más atención, y recursos humanos y financieros de ambos gobiernos”, escribió Larsen.
Otros investigadores y defensores de los derechos humanos que trabajan en la frontera sur de México afirman que los resultados de esta política son una verdadera tragedia para los migrantes.
Por ejemplo, Salvador Lacruz, del Centro Fray Matías Córdova de Derechos Humanos en Tapachula, Chiapas, dice que a través de este proceso de “externalización de las fronteras” por los Estados Unidos, el vecino del norte “se movió de su frontera y se volvió a México en un borde vertical, donde el control de fronteras es ejercido a lo largo”.
La represión afecta a los estados de Tabasco, Campeche y Chiapas, pero sobre todo Chiapas que tiene una frontera de 700 kilómetros con Guatemala, dice Lacruz.
DEPORTACIONES SE MUEVEN DE NORTE A SUR
En México, Peña Nieto anunció el plan “Frontera Sur” como si fuera su idea, en julio de 2014, dice la investigadora. “Las administraciones anteriores habían iniciado el proceso de militarización de la frontera sur con otros nombres, pero las medidas draconianas de hoy no tienen precedentes. El gobierno mexicano ha enviado, además del Ejército, policías federales, estatales, policía municipal y la migración, y otros 300 (o más) los miembros de la Gendarmería, una nueva fuerza de Policía militar con la misión de proteger los intereses económicos estratégicos”, señaló Larsen.
Las cifras oficiales revelan que México supera ahora los Estados Unidos en la deportación de migrantes centroamericanos. Las deportaciones por parte del gobierno mexicano subieron más de 35 por ciento en 2014, a 107 mil 199. Hasta ahora, en 2015, el Centro Fray Matías informa que todos los meses de este año se han registrado niveles de deportaciones al menos un 50 por ciento más que el mismo mes del 2014.
Otr estudio realizado por el Instituto de Derechos Humanos de Derecho de Georgetown, que se centra precisamente en las condiciones de los niños migrantes, pretexto para esta fase de la militarización de la frontera, llega a la conclusión de que los niños y sus familias se enfrentan a largos períodos en los centros de detención, que se parecen a las cárceles y a la falta de condiciones de vida dignas.
“Además, no existen procesos adecuados para la evaluación de los casos de asilo y refugiados, y no hay procedimientos requeridos por la ley para determinar el interés superior de los niños que vienen huyendo de sus países. Tampoco tienen en cuenta el objetivo de la reunificación familiar con los padres que viven en Estados Unidos o México”, dice Larsen citando el estudio.
Lacruz afirma que a diferencia de la frontera norte, donde los esfuerzos se concentran en la línea fronteriza, las operaciones de Estados Unidos y México en el sur llegan tierra adentro. Los dos gobiernos están implementando un plan, financiado en parte por la “Iniciativa Mérida”, para establecer una serie de puntos de control que se extiende hasta 100 millas de la frontera, aseguró el defensor de derechos humanos.
“Esta estrategia promueve la ocupación militar y policial de toda la frontera de la zona, un área rica en recursos mineros, agrícolas, petróleo y agua”, dijo Lacruz. “Creemos que decidieron aplicar este modelo para frenar la protesta social, porque aquí en Chiapas y Tabasco y Veracruz, están planeando muchos proyectos de mega minería, la explotación petrolera, la construcción de turbinas de viento, y otros proyectos”.
“Los megaproyectos planeados afectan principalmente a los pueblos indígenas”, dijo el activista mexicano. “Y ellos saben que habrá conflictos, que estas personas luchan por sus derechos”.
Lacruz agregó que la llamada “Alianza para la Prosperidad”, propuesta por el gobierno de Estados Unidos y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para los países del “triángulo norte” [ Guatemala, Honduras y El Salvador], extendería aún más la militarización, pero no logrará controlar el contrabando. “Necesitan al Ejército para controlar a la población”, explicó.
Diversas organizaciones de derechos humanos como el Centro Fray Matías de Córdova aseguran que se enfrentan a enormes obstáculos para abordar la acumulación de violaciones graves en la frontera sur. Ejemplo: de los 94 mil detenidos en 2014, el centro tuvo contacto con sólo alrededor de 400 migrantes.
LAS ACCIONES DE LAS ONG’S
Distintas ONGs y organizaciones civiles han alzado la voz por aquellos que buscan cruzar México para alcanzar tierras estadounidenses. Por ejemplo, los integrantes del Movimiento Migrante Mesoamericano, declararon recientemente que la crisis de migrantes ha crecido exponencialmente en los últimos años desde 2006.
Lo que sucede en las llamadas “Rutas del Migrante” es una lista de atrocidades a las que están expuestos y se enfrentan quienes las cruzan. Durante su travesía por la ruta que sea, o a bordo de “La Bestia”, viven situaciones muy complicadas desde asaltos, secuestros para trata sexual o laboral, violaciones o son desaparecidos.
Se estima que en México han desaparecido al menos 120 mil migrantes, los cuales, a su vez, son buscados después por sus familiares, dice una nota de Hipertextual. Durante diez años se han realizado las “Caravanas de Madres Centroamericanas en busca de sus hijos/as desaparecidos en tránsito”.
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