Mensaje de Alejandro Solalinde

Alejandro Solalinde se toma un capuchino de treinta pesos y deja cincuenta de propina. Posee cinco camisas blancas de cuello Mao y dos guayaberas en su ropero, que él mismo lava y plancha. No tiene trajes, pero la blancura de su ropa basta para transmitir pulcritud y aliño. Su reloj cuesta ciento cincuenta pesos (Casio Illuminator), y no ha entrado a la generación de sacerdotes de BlackBerry, iPhone y iPad, aunque sí gasta pequeñas fortunas en tarjetas de prepago para sus teléfonos celulares, a donde lo llama la prensa nacional e internacional. Duerme en una hamaca dentro de un cuartito atiborrado de ropa, mochilas y libros de sus colaboradores, pero suele ceder ese espacio y tira un colchón en el patio donde pernocta rodeado de sus guardaespaldas. Si un migrante llega al albergue con los pies destrozados, él mismo va a la zapatería a comprarle un par de zapatos idénticos a los suyos. No tiene escritorio, ni secretaria, ni oficina. Recibe a la gente en una salita debajo de un techo de palma, y resulta imposible sostener una conversación con él sin que lo interrumpan cada dos minutos para pedirle jabón, papel sanitario, dinero, un vaso de agua. Se baña a jicarazos en un bañito que comparte con los voluntarios del albergue y usa un excusado que se desagua a cubetazos. Si entre los donativos del mercado de Juchitán llega una sandía, se la comerá sonriente aunque esté podrida. Lo cuidan cuatro policías estatales del gobierno de Oaxaca —que aceptó hasta que Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón, se lo pidió personalmente—, pero no hay viáticos para que lo sigan en sus continuos viajes, así que a partir de la central de autobuses de Ciudad Ixtepec, un pueblito de veinticinco mil habitantes enclavado en el estado de Oaxaca, al sureste de México, vuelve a ser oveja para los lobos. Carga su ropa en una maleta rota y de ínfima calidad, que ha perdido el asa y las rueditas, y que deja al alcance de cualquier mano su toalla amarilla.

Solalinde es de las pocas personas que se reinventan y dan lo mejor de sí mismas después de los sesenta años. Durante décadas no fue más que un cura de aldea, con todo el sacrificio y la convicción que eso requiere, pero sin mayor influencia social, política ni religiosa. Graduado de dos carreras universitarias (Historia y Psicología) además de sus estudios sacerdotales y con una maestría en Terapia Familiar, Solalinde es un administrador distraído que prefiere regalar el dinero antes que cuidarlo, y se juega la vida al oponerse a una industria en la que se confabula la más alta política con el crimen organizado: el secuestro de migrantes. Nunca será consagrado obispo porque dice lo que piensa de su madre Iglesia: que no es fiel a Jesús sino al poder y al dinero; que es misógina y trata con la punta del pie a los laicos y a las mujeres, y que no es la representante exclusiva de Cristo en la Tierra.

A los sesenta y un años se decidió a abrir un albergue de migrantes en Ixtepec, no sólo para interponerse a las violaciones a los derechos humanos de los indocumentados centro y sudamericanos, sino para preparar su propio retiro. Se había cansado de las disputas entre sacerdotes en la diócesis de Tehuantepec —situada en el Istmo del mismo nombre, en la costa oaxaqueña del Océano Pacífico—, se tomó dos años sabáticos para estudiar Psicología —contra el consejo de su obispo, que le dijo que era inútil porque a su edad no retendría los conocimientos— y renunció definitivamente a administrar una parroquia.

"Antes de entrar en esto de los migrantes era una persona sencilla, común y corriente, y desconocida. Escogí los migrantes porque eran una zona muy hermosa para morir, para pasar los últimos años de mi vida sirviendo de forma anónima, pacífica, privada, y retirarme así", contó el sacerdote Alejandro Solalinde el 29 de junio pasado en la Casa Lamm de la ciudad de México, donde inauguró una muestra de pintura. Después de visitarlo en Ixtepec, Oaxaca, a principios de junio, lo seguí en sus continuas visitas a la ciudad de México. En aquella ocasión acudió a la presentación de "Rostros de la discriminación", una muestra de cincuenta artistas que, animados por Gabriel Macotela, donaron sus cuadros para apoyar a la red de albergues que hospedan y defienden los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en México.

Tras sólo cuatro años de coordinar el albergue Hermanos en el Camino, Solalinde se convirtió en una de las figuras más notorias no sólo de la Iglesia católica, sino de los defensores de derechos humanos. Delgado, de voz suave y de maneras corteses, es un imán de la polémica: ha sido acusado de pollero por un delegado del Instituto Nacional de Migración (INM); autoridades municipales lo quisieron quemar con gasolina con todo y albergue; se ha visto repetidamente amenazado de muerte y ha pedido perdón a los Zetas, a quienes considera víctimas de una sociedad violenta. Jugándose la vida, echó luz sobre el holocausto que padecen los centroamericanos indocumentados en México, que a nadie le importan. En Centroamérica se convirtió en una leyenda al punto de ser conocido como "el Romero mexicano" en alusión a Óscar Arnulfo Romero, el arzobispo de San Salvador asesinado por la dictadura.

En cada migrante que llega a su albergue, Solalinde observa el rostro de Jesús. "Me han enseñado que la iglesia es peregrina y que yo mismo soy migrante. Me han enseñado esa fe tan grande: la esperanza, la confianza, la capacidad de levantarse, rehacerse y seguir el camino. Sería fantástico que como católicos tuviéramos la capacidad de los migrantes de levantarnos de tantas caídas y seguir caminando en la ruta de Jesucristo".

Los cómplices (El holocausto migratorio)
En un México, que de suyo se ha tornado a la barbarie debido a la disputa por las drogas, no hay peor tragedia humanitaria que la explotación de los migrantes centroamericanos. Son el dinero más fácil: el secuestro de cada uno de ellos reporta entre mil y cinco mil dólares de ganancia y se secuestra a miles o decenas de miles al año. No votan en México, así que ningún político se interesa por ellos. No dejan remesas en México, así que el gobierno no invierte un centavo en protegerlos. No son un grupo de presión, así que la prensa publica sus historias de manera esporádica y anecdótica. No dejan un peso de limosna en las iglesias del país, así que sólo una parte marginal de la Iglesia católica se ocupa de ellos bajo la indiferencia de la jerarquía eclesiástica.

Óscar Martínez, un joven reportero salvadoreño, después de pasar tres años en las rutas de migrantes escribió un libro memorable, Los migrantes que no importan. En el camino con los centroamericanos indocumentados en México (Icaria). Martínez documenta cómo México transitó del asalto perpetrado por pequeñas bandas locales en Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz a la industria del secuestro masivo: de los ladrones y los violadores con machete y pistola a los comandos de Zetas con armas largas y autoridades cómplices. El auge del secuestro coincidió con el sexenio de Felipe Calderón y la militarización del combate al narcotráfico.

La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es la única instancia del Estado que hace un esfuerzo por documentar los abusos a migrantes. Entre septiembre de 2008 y febrero de 2009 registró 9 758 secuestros; entre abril y septiembre de 2010, 11 333. Pero es muy probable que sus cifras se queden cortas frente a la realidad, porque el gran atractivo del negocio es que nadie será llamado a rendir cuentas. Nadie busca a los migrantes desaparecidos, y los que padecieron un secuestro difícilmente denuncian por la desconfianza a las autoridades mexicanas y la urgencia de continuar el viaje hacia el norte.

La guerra contra el narcotráfico ha impulsado la narrativa oficial de un enfrentamiento de las fuerzas del orden contra las fuerzas del crimen. Del lado del gobierno hay soldados y policías buenos que protegen a la sociedad de malignos transgresores de la ley que se disputan las calles. Dicha hipótesis pierde vigencia cuando se trata de los secuestros y abusos a los migrantes. En las violaciones a derechos humanos de los indocumentados suelen estar involucradas las autoridades, ya sea las policías municipales, estatales o ministeriales o también la policía federal, agentes del INM y, a veces, elementos del Ejército:

Amnistía Internacional (AI) publicó en 2010 el informe Víctimas invisibles en el que el adjetivo más recurrente es "generalizado": los secuestros, las violaciones sexuales, las extorsiones, los asesinatos, las desapariciones y la complicidad de las autoridades son generalizados, como generalizada es la indiferencia de los distintos niveles de gobierno. México atraviesa por una "epidemia oculta" de secuestros, sobre todo en las fronteras y en las rutas de paso: Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas. Los plagiarios, afirma, secuestran a "más de un centenar de migrantes" en cada golpe. De 238 víctimas y testigos que habían rendido su testimonio a la CNDH, "noventa y uno manifestaron que su secuestro había sido responsabilidad directa de funcionarios públicos, y otros noventa y nueve observaron que la policía actuaba en connivencia con los secuestradores durante su cautiverio". Amnistía Internacional: "Según algunos expertos, el peligro de violación es de tal magnitud que los traficantes de personas muchas veces obligan a las mujeres a administrarse una inyección anticonceptiva antes del viaje, como precaución contra el embarazo derivado de la violación".

El informe de AI relata no sólo los abusos de la Policía Federal, la Agencia Federal de Investigación (AFI) y el Ejército, sino los procesos kafkianos a los que se somete a las víctimas que se atreven a denunciar: pasan meses antes de que se les cite a rendir su declaración —para entonces muchos de los testigos y víctimas se han ido ya a Estados Unidos o a sus países de origen, pues mientras tanto deben vivir de la caridad de los albergues—, y cuando se les cita a identificar policías abusadores, les presentan fotos distorsionadas en las que son irreconocibles.

Ya en los testimonios recabados por Óscar Martínez, ya en los informes de AI, o en las historias que recogí en el albergue Hermanos en el Camino de Ixtepec cuando acudí con el fotógrafo Alex Dorfsman para escribir este reportaje, los relatos de los secuestros son igualmente crueles, como el que me contó Alberto, un hondureño que se había quedado a trabajar de albañil en el albergue con la esperanza de reunir los tres mil dólares que había pagado su familia por su rescate: los migrantes son secuestrados en grupo y llevados a ranchos y casas de seguridad. Les exigen los números de teléfono de sus familiares en Centroamérica o Estados Unidos. Quien no lo proporcione o no tenga es asesinado de inmediato. Alberto estuvo plagiado una semana con otros nueve connacionales suyos, golpeados con tablas en la espalda baja (de ahí el verbo "tablear" asociado con los Zetas). Escuchó cómo dos fueron ejecutados porque sus familias no pagaron el rescate. Dos más nunca aparecieron. Seis sobrevivieron al secuestro y fueron liberados pero dejaron a sus familias con una deuda catastrófica.

Los Zetas, cuenta Óscar Martínez, no necesariamente ejecutan los secuestros, sino que absorben a las bandas delictivas locales y las ponen a trabajar para ellos. Lo mismo hacen con las autoridades de todos los niveles. Las organizaciones criminales cooptan a todos los eslabones de la cadena: a centroamericanos que se hacen pasar por indocumentados en el camino y se ganan la confianza de los verdaderos migrantes para sacarles información sobre sus familiares; a las policías locales, a las autoridades federales, a maras, a narcomenudistas, a taxistas, hasta a vendedores de refrescos que emplean como vigías. Y de ahí a la punta de la pirámide.

Alejandro Solalinde —cuyo nombre es el más citado en el informe de AI, con diez menciones— compara el abuso a los migrantes con la industria petrolera. El albergue Hermanos en el Camino, dice, es el jardín asentado sobre un rico yacimiento de petróleo que una mafia político-delictiva quiere perforar y explotar. Y señala a Ulises Ruiz Ortiz, ex gobernador del estado de Oaxaca (2004-2010), como una de las cabezas de esa mafia: