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México endurece su postura vs 
organismos garante de Derechos Humanos



Desde la óptica de las organizaciones, se cierra a las recomendaciones, recrimina y desacredita.

El gobierno mexicano endureció sus respuestas a las críticas de organismos internacionales de derechos humanos.

Esto, según Amnistía Internacional capítulo México, cierra la apertura a la crítica y recomendaciones de organismos internacionales que indiquen deficiencias de las autoridades nacionales.

Y es que, ante las recomendaciones que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, el gobierno mexicano respondió con una recriminación al organismo internacional: estas recomendaciones no reflejan adecuadamente la información presentada por el país y tampoco aportan elementos adicionales que refuercen las acciones y compromisos que se llevan a cabo para solventar los retos en la materia, manifestaron en una respuesta conjunta la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores.

Para el director de Amnistía Internacional México, Perseo Quiroz, esta política es un patrón “preocupante” creciente de descrédito, endurecimiento y minimización de toda opinión, recomendación u observación que organismos internacionales y organizaciones nacionales hagan sobre los retos e insuficiencias del gobierno de Enrique Peña Nieto, lo que puede derivar en un recrudecimiento de la crisis de derechos humanos que vive el país.

“...No vamos a poder salir de esta crisis y manda un mensaje permisivo hacia la impunidad”, declaró en entrevista.
Jaloneo ONU-México

Luego de que el Estado mexicano sustentara en Ginebra, Suiza, su primer informe ante el comité para desapariciones forzadas los pasados 2 y 3 de febrero —que tuvo como propósito evaluar las medidas adoptadas para cumplir las obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada desde su entrada en vigor en el 2010— el grupo de expertos que conforman esta comisión presentó el viernes pasado los resultados de su informe sobre México, el cual establece que en el país existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del territorio, muchas de las cuales podrían calificarse como forzadas.

Además, el informe establece que el caso de los 43 normalistas sometidos a desaparición forzada en septiembre del 2014 en Guerrero “ilustra los serios desafíos que enfrenta el Estado parte en materia de prevención, investigación y sanción de las desapariciones forzadas y búsqueda de las personas desaparecidas”.

Ante ello, el comité alentó a México a aplicar las recomendaciones, formuladas “con un espíritu constructivo y de cooperación, con el fin de asegurar que el marco jurídico existente y su aplicación por las autoridades federales, estatales y municipales sea plenamente compatibles con los derechos y las obligaciones que establece la Convención”.

El gobierno mexicano, a través de la cancillería y la Segob, respondió el mismo viernes que si bien “México recibe las recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU”, opinó que éstas no aportaban elementos adicionales para resolver los retos presentes en el país.

No es la primera vez que la actual administración disiente con recomendaciones u observaciones que organismos u organizaciones realizan sobre la labor gubernamental.
Los forenses argentinos

El 9 de febrero, la Procuraduría General de la República (PGR) respondió al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) que sus cuestionamientos a la investigación por el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos son “más especulaciones que certezas”, y acusó a los peritos de pretender “sembrar la duda”.

La PGR evidenció que se les incorporó a la investigación como peritos habilitados de esa institución a pesar de que “solamente” dominaban las disciplinas de antropología, criminalística y genética, “por lo que sus alcances en conocimiento de otros dictámenes no son válidos como expertos”.

Sobre el señalamiento del EAAF respecto de que no firmó la cadena de custodia de los hallazgos encontrados en el río San Juan, la procuraduría destacó que el EAAF no es autoridad, y su función se circunscribe únicamente al análisis antropológico y genético.

Perseo Quiroz aseguró que ante el mundo México se dice abierto al escrutinio internacional; sin embargo, ante una crítica, descalifica.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos había convocado el viernes pasado a una teleconferencia para presentar las Observaciones Finales del Comité contra la Desaparición Forzada sobre el examen a México; sin embargo, fue cancelada el jueves “por razones que escapan al alcance de la oficina”, según explicaron.

En cambio, las recomendaciones fueron puestas a disposición en la página web del comité.
Amnistía Internacional abrirá oficina regional en México

En breve, Amnistía Internacional abrirá su oficina regional de América Latina en México, confirmó el director de esta organización internacional en el país, Perseo Quiroz.

Ello ante la magnitud de violaciones a los derechos humanos de las personas tanto en México como en el resto de los países latinoamericanos. La apertura de esta oficina permitirá a este organismo, presente en más de 150 estados nación, monitorear más de cerca la situación vivida en este hemisferio terrestre, aseveró Quiroz.

Declaró que la determinación de traer a México la oficina regional de América Latina no depende del gobierno nacional, mas allá si el Estado mexicano esté o no de acuerdo con que organizaciones internacionales emitan observaciones sobre la respuesta gubernamental ante violaciones a las garantías individuales.

Aseguró que frente a las descalificaciones que la administración actual realiza sobre los observadores internacionales o nacionales, “nuestro papel es seguir revisando y criticando lo que no se hace de manera adecuada (...) Ojalá que en algún momento esta administración reconozca la magnitud del problema, si no seguiremos viendo esta crisis en sus diferentes facetas”.


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