Astillero 25 Febrero 2015

Julio Hernández López

Suele meterse Enrique Peña Nieto en embrollos a causa de la mala selección de sus palabras en actos públicos. Este miércoles, en Durango, reunido con la Conferencia Nacional de Gobernadores, la Conago, cuyos integrantes están explicablemente en contra de que instancias “independientes” les revisen sus formas de gastar los fondos federales, el orgullo de Atlacomulco pidió a esos mandatarios estatales que jalen parejo, que no “naden de a muertito”. Difícil para él y para su antecesor, el también promotor de pompas fúnebres masivas, Felipe Calderón, hablar con ligereza de asuntos de tumbas.

El mismo día del discurso sobre el deporte acuático desfallecido, en Acapulco moría el profesor jubilado Claudio Castillo, aplastado tal vez de alguna manera entre tragicómica y sobrenatural, según la narrativa extraordinaria de los jerarcas policiacos de apellidos Rubido y Galindo (podría haber sido atropellado por su propia camioneta u otra, por sus propios compañeros u otros), o a causa de golpes propinados por la Policía Federal, según la acusación directa de los profesores en lucha, algunos de los cuales aseguran que el mentor, de 65 años y con poliomielitis, fue bajado por agentes federales de una camioneta de sonido y lesionado intencionalmente. Además, Manuel Salvador Rosas, miembro de la comisión política de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg), aseguró que doce de sus compañeros están desaparecidos y que cuatro maestras fueron violadas por federales, luego de ser subidas a camionetas de esa policía.

Risibles le parecieron al secretario de educación del gobierno de Guerrero las formas de autoexculpación practicadas por los altos funcionarios federales en el caso del profesor Castillo. Salvador Martínez della Rocca, conocido como El Pino, aseguró que hubo excesos policiacos en el desalojo de manifestantes en Acapulco. Luego tomó el saco duranguense de los gobernadores que nadan de a muertito y, rechazándolo para el interino Rogelio Ortega (el jefe del citado Pino), acabó reconociendo indirectamente que él era uno de los destinatarios o el único. “Mi gobernador no anda nadando de a muertito”, aseguró el secretario de un gobierno guerrerense que ha dejado la responsabilidad y operación de las maniobras represivas a cargo de las fuerzas federales.

Acrobacias en el mar muerto de San Lázaro realizaban los expertos en nado sincronizado que inauguraron ayer el lucidor espectáculo del Sinaco (Sistema Nacional Anticorrupción), el montaje de magia institucional que permitirá ignorar con más modernidad y esfuerzo dónde quedó la bolita y que extenderá certificados de honestidad comprable bajo el agua para que las riquezas mal habidas queden bien validadas (de golpe, el México de la movida, es decir, el resultante de las políticas enriquistas del “Mover a México”, entra de lleno al paraíso verbal del combate férreo a la corrupción, listos los luciferinos practicantes de la maldad presupuestal para asumirse ahora como conversos a la honestidad y la transparencia). Artículo por aquí, artículo por allá; reformas por aquí, reformas por acá (Alí Babá pluripartidista colocando cuarenta grilletes a sus chómpiras y tirando las llaves del tesoro al fondo del mar; oh, sí) y el priísmo seguirá siendo lo que es en cuanto a sublimación de Las enseñanzas de don Hank, el mítico chamán mexiquense que con alquimia de tres colores convertía el oro público en oro privado, los panistas contarán con material de campaña para declararse justicieros candidatos que reivindican la decencia aunque nomás sea en la letra de la ley que hasta la arlequinesca Secretaría de la Función Pública a cargo del cuatacho Virgilio sabrá cómo evadir y burlar, y los perredistas seguirán en Plan Amigo con la esperanza de que la purificación de los erarios les acarree indulgencias electorales.

Los diputados embebidos en la aprobación del mencionado sistema de simulación contra corruptelas (¡tiemblen, ladrones, sean funcionarios o empresarios, porque el reino de la honestidad ha llegado durante el reinado de Enrique Casablanca, el Residente de la RepúblHiga!, ¡aleluya!), mientras los generosos señores de las comarcas senatoriales tienen a bien aplicarse un doloroso pero necesario descuento en sus percepciones económicas (las registradas fiscalmente, se entiende), para dar testimonio de que en las alturas se comprende la crisis nacional y se actúa en austera consecuencia: cien pesotes de descuento mensual a sus dietas.

De a muertito también pretende el peñismo que navegue su propuesta de sometimiento de operaciones aeroportuarias en suelo nacional a las reglas y vigilancia armada de agentes y funcionarios extranjeros, en aras de complementar la anexión subcontinental diseñada en Washington. Bajo jaque en el plano interno, el ocupante de Los Pinos pretende abrir las puertas a una mayor intervención extranjera, ofreciendo espejitos relacionados con el mejor funcionamiento del tráfico aéreo y una mayor presencia de turistas extranjeros.

Los clavadistas del equipo dizque Verde y dizque Ecologista estaban bajo acoso de Los Siete, provisionalmente aliados en tanto las medallas por alcanzar no los regresen a sus sitiales de competencia. El presunto coordinador del torneo, el rebasado Lorenzo Córdova, ha tenido que ceder alguna pieza menor a los conjurados para que regresen a sus asientos en el pleno del Instituto de Natación Electoral. Pero en la mira está el partido al que los tucanes podrían demandar por difamación de honor. Han creído posible burlarse de todos y de todo, como avanzada del priísmo, y ahora están en riesgo de castigo.

A la hora de cerrar esta columna se realizaban actos de recuerdo y protesta a cinco meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa. La demanda de justicia sigue vigente, entre la cansina pretensión oficial de seguir nadando “de a muertito”. ¡Hasta el próximo lunes, con la invitación a escuchar en Facebook http://on.fb.me/1JStVUj !

Al reportero Juan Pablo Becerra-Acosta publicó este miércoles, en Milenio, fotografías tomadas por personal castrense de un “encuentro” con algunos normalistas de Ayotzinapa en la igualteca clínica Cristina. Los altos mandos militares acantonados en Iguala conocieron al detalle, “minuto a minuto”, lo que sucedió cuando menos en la zona urbana durante la noche del 26 de septiembre de 2014 y en las primeras horas del día siguiente, con un registro pleno e inequívoco de la comisión de hechos de sangre contra estudiantes de la normal de Ayotzinapa. Pero, a pesar de las pruebas directas que tuvieron de las lesiones y de la violencia política que estaba sucediendo, se atuvieron a las contestaciones tramposas y evasivas de autoridades municipales y estatales y optaron, según esta versión, por la inmovilidad./

En su texto, el reportero incluye “partes militares, novedades, mensajes urgentes y bitácoras” de la Secretaría de la Defensa Nacional, sin precisar, en legítimo ejercicio de su oficio y sin que ello melle la calidad de su trabajo, el origen de tales documentos que podrían provenir de una filtración o de expedientes judiciales o incluso del propio mando castrense, deseoso de puntualizar que el Ejército no tuvo participación en los hechos criminales de esa noche y la madrugada siguiente, e incluso enfatizar el “agradecimiento” de los normalistas contactados en la clínica Cristina (aunque algunos de esos estudiantes se han quejado del maltrato de los militares, de burlas y de impedimentos para su adecuada atención médica)./

Al respecto, Becerra Acosta (quien ya había publicado el 26 de enero un adelanto narrativo de lo ahora probado con material oficial) señala que “los documentos confirman que los militares estaban al tanto de todo lo que acontecía en Iguala aquella noche, pero que no intervinieron mientras ocurrían las agresiones contra quienes resultaron muertos, heridos o levantados por policías de Iguala, Cocula y miembros de la banda Guerreros Unidos”. En la madrugada del 27, el Ejército ya sabía, y en las siguientes horas debería haberlo sabido Enrique Peña Nieto con toda precisión, del ataque masivo contra estudiantes, del fallecimiento de dos de ellos y que Aldo Gutiérrez Solano tenía “ruptura de cráneo por proyectil de arma de fuego. Sigue en coma, con 65 por ciento del cerebro sin actividad”./

La confirmación gráfica y documental de la inacción del Ejército y de la insólita aceptación de las versiones evidentemente mendaces de autoridades municipales y estatales es también la confirmación de la responsabilidad del aparato federal de gobierno, no sólo de la franja castrense sino de otras instancias como la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República que de manera natural debieron estar puntualmente informadas de lo que iba sucediendo en Iguala y nada hicieron para impedirlo y sólo diez días después comenzaron a abordar el asunto formalmente. Ratifican, esos documentos, que el Estado mexicano no fue capaz de impedir la consumación de graves delitos contra estudiantes en un contexto nítidamente político y específicamente de jóvenes opositores al sistema vigente./

Las evidencias de ese estado fallido, que permite o propicia actos criminales, ha generado una irritación social que no ha cesado al interior del país y que ha crecido de manera insólita y diversificada en el extranjero, con opinantes de distinto renombre y especialización que critican y denuncian los horrores mexicanos. El caso de los 43, por lo demás, se suma a una larga acumulación de agravios cometidos desde los poderes institucionales contra los ciudadanos. Esa institucionalidad no da respuesta pronta ni aceptable a los reclamos de grupos organizados y de ciudadanos en particular, y en consonancia con esa inutilidad de la clase política (sumida en escándalos de corrupción, frivolidad y criminalidad) se multiplican y aceleran las protestas públicas, exigiendo respuestas positivas que al no darse alimentan ese círculo de activismo que se manifiesta en calles, plazas, recintos oficiales, aeropuertos y plazas estratégicas federales, cuarteles y actos públicos o privados con relevancia./

En ese contexto se han dado las movilizaciones y protestas de Guerrero, y no en el que sectores conservadores y grupos inducidos pretenden privilegiar, el de una legalidad rota por profesores y activistas movidos por intereses “extraños”, ante lo cual es menester la mano dura para restablecer el “orden”. Enrique Peña Nieto no puede aspirar a que se restablezca la “normalidad” sin que haya claridad y justicia en el caso de los 43, pero tampoco sin que se cumplan exigencias derivadas de reformas administrativas como la enderezada contra maestros para ejercer un control político faccioso en estados donde hay organización y movilización ajenas o contrarias a los planes gubernamentales./

El anunciado uso de la Policía Federal para el desalojo y el amedrentamiento de profesores ya tuvo resultados en Acapulco, con más de un centenar de detenidos, nueve consignados, un número impreciso de heridos y un profesor jubilado muerto. A pesar del asomo de los fantasmas de Oaxaca y Atenco, apenas unas horas después ya estaba organizada la siguiente protesta, aunque luego cediendo en la obstrucción de carreteras que habían ocupado, en un acto de prudencia y madurez. Plena aplicación de la ley, con ésta en la mano, anunciaba en tanto Peña Nieto. Debe comenzar por el caso de los 43, donde probadamente hubo criminal omisión del Estado mexicano./

El pasado domingo fue presentada en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería la maciza y reveladora investigación de Ana Lilia Pérez, Mares de cocaína, editada por Grijalbo (documentada bitácora de la mexicanización de buena parte del mundo a través de las vías náuticas). El video de las intervenciones de la autora y de los comentaristas, el experto José Reveles y un tecleador astillado, está disponible en http://bit.ly/1A7FpIo (el rollo del columnero antes mencionado va del minuto 23 al 34). ¡Hasta mañana!

Joaquín Gamboa Pascoe habló emocionado, a punto de soltar el llanto, frente a la estatua de dos metros que le representa en el edificio de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), donde ejerce el tipo de mando caciquil que históricamente ha caracterizado a esa organización de control laboral siempre a favor del gobierno y los empresarios (en San Luis Potosí hubo otro ‘‘líder’’, del gremio electricista, que como tesorero nacional de su sindicato pagaba placas metálicas de ‘‘agradecimiento del pueblo’’ a su sacrificio como legislador que también era. Él ordenaba que se hicieran los ‘‘reconocimientos’’, organizaba las ceremonias de entrega, acarreaba a los asistentes, avisaba a los reporteros y luego casi lloraba de emoción ante esos homenajes ‘‘espontáneos’’ que jamás se habría imaginado y que consideraba, modesto, abrumado, no merecer).

A diferencia de Fidel Velázquez, el marrullero dirigente casi eterno de la CTM, que guardaba las formas y no exhibía riquezas, Gamboa Pascoe (nacido en mayo de 1922) es un millonario al que le gusta mostrar las delicias del dinero en abundancia. Se comporta como una especie de aristócrata del contrato de protección a empresas, un degustador de la buena vida que por desgracia debe perder horas en la atención de asuntos proletarios por lo demás tan redituables, un mercader de la fuerza de trabajo que al final de los regateos se regala compensaciones de ensueño (casimires finos, camisería de diseñador, zapatos de pieles exóticas, restaurantes de lujo, autos BMW y Mercedes Benz, residencia en el Pedregal de San Ángel, cacería, golf, así que una vez dijo a una reportera: ‘‘¿Qué porque los trabajadores están jodidos yo también debo estarlo? A mí nunca me verán descalzo ni de guaraches’’, referencia tomada de un capítulo de Los amos de la mafia sindical, de Francisco Cruz Jiménez, Editorial Planeta http://bit.ly/1w9OrnC ).

El funcionamiento del actual sistema político, con sus injusticias electorales, económicas, sociales y culturales, ha tenido como pieza de suma importancia ese sindicalismo castrado, el de la CTM, la confederación soldadera del PRI, vendedora tradicional de favores a los empresarios que prefieren pagar cuotas en efectivo a los ‘‘líderes’’ para así imponer contratos desventajosos a los trabajadores que a la hora de pretender organizarse y protestar se topan con la cláusula de exclusión aplicada por los ‘‘dirigentes’’ domesticados y con el aparato de control y sanción jurídica representado por las juntas locales y federales de ‘‘conciliación y arbitraje’’. La CTM y los sindicatos y organizaciones similares han cumplido también con la función de adocenamiento del espíritu cívico y político de los mexicanos. Han ‘‘enseñado’’ durante décadas que las luchas por reivindicaciones pueden ser aplastadas con la colaboración de esos ‘‘líderes’’ que se han prestado al acarreo, la compra de votos y el fraude electoral a cambio de prebendas directas, protección solidaria al ‘‘negocio’’ de la explotación de obreros y ‘‘cuotas’’ en cargos legislativos e incluso gubernaturas.

Enriquecido abogado, que en realidad es patronal, Gamboa Pascoe, gerente en turno de la central obrera ya mencionada (antes de él estuvo el electricista de licencioso lenguaje Leonardo Rodríguez Alcaine, apodado La Güera), tuvo a bien ayer, al develar emocionado su propia estatua (oh, las sorpresas que da lavida), arremeter como una especie de Lady CTM contra la prole de mal gusto, asignándole así a la confederación oficialista una etiqueta de presunto sindicalismo ‘‘decente’’ (‘‘¡chusma, chusma!’’, pudo haber dicho ayer Gamboa Pascoe, en nonagenaria versión del Chavo) frente a sus indeseados vecinos, los profesores en lucha que han acampado en el Monumento a la Revolución.

Como en los viejos tiempos del priísmo matraquero y bravucón, Gamboa Pascoe exaltó las presuntas bondades de la alianza entre ese sindicalismo y el gobierno en turno, adjudicando a esa conducción cetemista el que los trabajadores hayan mantenido ‘‘la paz social y laboral’’, sin comportarse como los ‘‘revoltosos y holgazanes’’ que dañan a la sociedad al cerrar y ensuciar las calles y al bloquear los accesos a aeropuertos. De La Güera Rodríguez Alcaine a Lady CTM. En el museo del sindicalismo vuelto estatuas.

En Iguala se realizó un acto de protesta que permitirá a los defensores mediáticos del sistema desgarrarse las vestiduras patrioteras (así sucedió en 1968, con posteriores actos de ‘‘desagravio’’ por haber colocado una bandera de huelga en el Zócalo, y con silencio y desmemoria de esos mismos ‘‘agraviados’’ luego de la masacre de Tlatelolco). Ayer en el municipio guerrerense fue desmontada una bandera nacional ‘‘monumental’’ y en su lugar colocada una pequeña, con la inscripción ‘‘43’’. No fue una falta de respeto u ofensa a la enseña oficial, sino un rechazo a las formas aparatosas que el gobierno usa para aparentar culto y respeto a un símbolo colectivo. No se ultraja la Constitución si su letra es impugnada o cambiada, ni pareciera haber reparo oficial al uso del Himno Nacional en contiendas deportivas con tufo mafioso, como sucede en peleas profesionales de box o en partidos de futbol que, se va sabiendo, pueden estar ‘‘arreglados’’ de manera corrupta. Las pretensiones espectaculares en la textilería patriótica han sido proporcionales al incumplimiento de las obligaciones de los gobernantes y al hundimiento del país. Una bandera pequeña, con el recuerdo inscrito de los jóvenes que a la nación le faltan, corresponde más a la realidad que una fallida y hueca grandiosidad telar.

Y, mientras mister Henry Peña ha enviado una iniciativa para facilitar a agentes extranjeros ciertas formas de portación de armas en territorio mexicano (iniciativa que ya fue aprobada desde hace años por miembros de la DEA, la FBI y otras oficinas gringas tan diligentes a la hora de dirigir y supervisar acciones marinas y militares en México), ¡hasta mañana, con las puertas de la casa de gobierno de Michoacán humeantes en protesta por la visita de EPN a esa ardiente entidad!